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14 de mayo de 2014

Una teoría de la inflación fuera de tiempo

Siempre que asume un nuevo equipo económico me gusta conocer cuál es su concepción de la economía en líneas generales, para luego ir profundizando de manera de tener una mejor perspectiva sobre posibles medidas futuras y el direccionamiento que tendrá la estrategia económica. Lamentablemente en estos tiempos se ha perdido el “hábito” de anunciar el programa de gobierno de manera de ir formando ciertas expectativas en los agentes económicos. En coyunturas difíciles como la actual, la economía solo parece depender del día a día.

Aunque recién en este momento escribo sobre este tema, bastante información he recolectado desde la asunción del actual equipo económico en el mes de noviembre de 2013 a la fecha. Debido a obvias restricciones de espacio quiero en esta oportunidad referirme al tema clave de la economía argentina, la inflación. Algo conocía del pensamiento económico del actual Ministro de Economía y Finanzas Públicas al coincidir en algún momento nuestro paso por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Decía que como profesional me resulta absolutamente necesario intentar comprender cuál era/es la lógica económica detrás del actual proceso inflacionario que tiene el ministro y su equipo. Lo más cercano que encontré a su pensar actual es este documento del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CENDA) elaborado en el año 2006. Su título es “Las causas de la inflación en la actual etapa económica argentina: un nuevo traspié de la ortodoxia”Acá les dejo el link para quién quiera profundizar. Nótese que el título involucra el término “actual etapa”, aunque no está para nada claro dónde termina una etapa y comienza otra. Uno podría suponer que la actual administración es una continuación de aquella y por lo tanto ser catalogada como una etapa completa, al fin y al cabo tiene el mismo apellido. Pero también podrían ser etapas diferentes puesto que las estrategias económicas están bien diferenciadas. En fin, Ud elige.

Por qué creo relevante señalar este detalle? Porque aunque han pasado ocho años de la elaboración del documento de trabajo mencionado, este expresa ideas y conceptos que son contemporáneos en el lenguaje del ministro. Es por ello que se hace absolutamente necesario transcribir cuanto menos las conclusiones que del documento se derivan para luego realizar un breve análisis, haciendo la salvedad que lo recomendable es leer detenidamente todo el trabajo de manera de no caer en ninguna posibilidad de descontextualización. Aquí vamos entonces:

Conclusiones

La intervención cambiaria actual obliga a la intervención en los precios. En el caso de los transables, es justamente la existencia de una brecha que separa el límite inferior y superior de los precios de los bienes la que obliga a la autoridad a implementar controles. En ausencia de intervención, los precios de los productos transables tenderían a continuar su alza hasta su límite superior (su precio “de equilibrio” en términos internacionales). Con la actual configuración de costos esto implica consolidar las ganancias extraordinarias. La intervención pública no es, como argumenta la ortodoxia, una injerencia artificial e ineficiente sino que es una regulación que resulta necesaria como complemento de la otra que es, para el gobierno, el pilar del actual esquema: el sostenimiento de una moneda depreciada.

La política cambiaria actual, comprometida con mantener un tipo de cambio elevado –es decir, por fuera del nivel de equilibrio al que tendería en ausencia del arbitraje del Banco Central-, requiere de manera necesaria de instrumentos adicionales que impidan que el valor “caro” del dólar se traslade íntegramente a los precios de los bienes transables en el mercado local, arrojando una ganancia extraordinaria, reduciendo aún más los salarios y erosionando la “competitividad” alcanzada con la devaluación. Es por eso que la política de tipo de cambio alto debe combinarse necesariamente con retenciones a las exportaciones (para todos los productos, incluyendo los bienes industriales) y acuerdos de precios en las ramas más concentradas (especialmente para los bienes no transables). Estos instrumentos reducen el límite superior de los precios de los productos transables y acotan las ganancias extraordinarias del sector no transable. De otro modo, los beneficios del esquema no sólo quedan en manos de los exportadores sino también de la industria que produce para el mercado interno, a medida que la demanda avanza en su recomposición. Los principales perjudicados son los trabajadores que ven caer el poder adquisitivo de sus salarios.

Como vemos, el actual incremento de los precios responde a esta situación “estructural”. El gobierno sostiene un tipo de cambio alto con el objetivo explícito de fomentar la producción doméstica, aumentar el empleo y elevar los niveles de vida de la población. Pero a medida que se despierta la demanda, los precios internos de los productos, tanto transables como no transables, encuentran espacio para elevarse. En las industrias oligopólicas, con los salarios relativamente estables, el aumento de los precios se traduce en una rentabilidad extraordinaria. El problema del alza de precios puede entonces reformularse si se estudia quiénes son los que se apropian de los beneficios del nuevo esquema cambiario.

Limitar los aumentos de precios para elevar los salarios reales. El incipiente problema de la inflación no hace más que poner de manifiesto la insuficiencia de un programa económico que tenga como único eje de su intervención a la política cambiaria. Por ello, el gobierno, acertadamente, complementa este esquema con retenciones a las exportaciones y controles de precios. De otro modo, la limitación a los aumentos salariales junto con la libertad para los aumentos de precios comprimirían más el poder adquisitivo del salario.

Más aún, a medida que la demanda se despierta y las producciones locales encuentran mercado en el exterior, los precios tenderían a ascender hasta el límite superior, artificialmente elevado por la política cambiaria. Esto hace necesario entonces profundizar la intervención sobre los precios. La medida más efectiva –dentro del esquema- es la generalización de las retenciones al conjunto de las exportaciones (no sólo las de origen primario) y el aumento de la alícuota aplicada. Para los bienes transables, las retenciones son una opción más efectiva y menos vulnerable que los acuerdos “voluntarios” de precios. En cambio, el control de precios es la única posibilidad para frenar el alza en el sector no transable.

Las retenciones aplicadas a los productos transables cumplen, en este marco, un doble objetivo: que el Estado se apropie de una porción del elevado precio de los productos en el mercado mundial y que esos precios no impacten desfavorablemente sobre el poder adquisitivo del salario. De lo que se trata ahora es de impedir que las ganancias continúen con su tendencia alcista por obra y gracia de los aumentos de precios, para lo cual es necesario recurrir a una intervención pública que complemente a la política cambiaria. De otro modo, como amenazan las voces de la ortodoxia, la “inflación reprimida” haría su aparición, pero no debido a la inflación monetaria, salarial, de demanda o cambiaria sino, lisa y llanamente, como expresión de una “inflación de ganancias extraordinarias”.

Hasta aquí las conclusiones. Una aclaración. Creí oportuno referirme a este documento en particular dado que en el día de ayer se pudo ver un debate en televisión entre una fiel representante de este pensamiento, la economista Fernanda Vallejos y el economista privado Tomás Bulat. No cabe ninguna duda que los argumentos vertidos por Fernanda Vallejos en cuanto a inflación son similares, por no decir idénticos, a los manifestados por el actual ministro en este documento del año 2006. Tampoco caben dudas que Kicillof sostiene dicho argumento en la actualidad. Los que se toman el trabajo de escucharlo en la diaria podrán confirmar lo que digo, aunque nunca falta algún negador de archivos. Claramente el afán de ganancias empresarias extraordinarias era la causa del proceso inflacionario entonces, pero también parece serlo en la actualidad según los dichos del ministro en reiteradas oportunidades.

Ahora bien, el documento es claro en expresar el contexto económico del año 2006. En particular manifiesta la necesidad de mantener retenciones (derechos de exportación) al sector productor de bienes transables de manera de impedir la apropiación de rentas extraordinarias fruto del mantenimiento de un tipo de cambio artificialmente alto. También manifiesta la necesidad de imponer controles de precios en el sector de no transables, de manera de impedir un alza de precios desmedida.

Si se toman el trabajo de leer conscientemente los argumentos, verán que la base de esta teoría de la inflación se fundamenta en la decisión política del entonces Presidente Néstor Kirchner de sostener un tipo de cambio alto competitivo; a lo que agrego: “con fuerte sesgo exportador y con dos pilares claves que eran la existencia de superávits gemelos (superávit fiscal y comercial). Ciertamente, y más allá de las críticas, este era un modelo consistente. De hecho es aconsejable desde una visión de equilibrio general la imposición de derechos de exportación de manera de impedir la fuerte transferencia de ingresos desde el sector del mercado interno hacia el sector exportador. Una cuestión distinta es ver cómo se implementan y distribuyen esos derechos. Por ejemplo, parte de esos derechos podrían destinarse a financiar, y hasta subsidiar, ciertas actividades en las economías regionales que se verían perjudicadas.

Claramente la teoría de la inflación que el actual ministro presentaba en el año 2006, se basaba en la existencia de un tipo de cambio alto (moneda depreciada), para lo cual proponía derechos de exportación y control de precios de manera de contrarrestarla. Curiosamente son las mismas medidas impuestas hoy, solo que en cambio de haber precios “controlados” hay precios “cuidados”. El problema es que en el actual contexto económico ya no existe un tipo de cambio alto. El gobierno desde mediados del año 2011 ha dejado que el tipo de cambio nominal se vaya atrasando. De igual forma ya no existe superávit fiscal, todo lo contrario. Bien medido el déficit fiscal hoy representa más de 4% del PBI. Además el superávit comercial ha caído fuertemente desde el año 2011 y solo ha mostrado un diferencial positivo producto de la restricción de las importaciones. En el mes de abril de 2014 la cuenta comercial ya muestra déficit.

Por lo tanto esta teoría sobre el surgimiento de la inflación parece más un caso particular de aquel contexto, que una explicación general factible de ser tenida en cuenta hoy. Un fallo en el diagnóstico produce casi con seguridad un fallo en las medias adoptadas. El contexto económico ciertamente cambió, pero las medidas son las mismas, ergo el resultado no es bueno. Claramente esta contradicción explica el actual desbarajuste cambiario (hoy en relativa Pax), así como el desprecio por el control fiscal y la actual compulsa con el BCRA debido a las medidas de corte ortodoxo.

Creo firmemente que un economista profesional y serio, devenido además en decisor económico, aún teniendo una idea central sobre la estrategia económica, debe tener la capacidad de sopesar todos los elementos y las teorías existentes de manera de poder calibrar el sistema económico lo mejor posible. Es posible que en el año 2006 la causa de la inflación incipiente no fuera el exceso de emisión para sostener un nivel creciente de gasto por sobre los recursos, pero a partir del año 2011 ciertamente lo fue, y lo es en la actualidad a pesar de la fuerte absorción monetaria. Antes la teoría cuantitativa podía obviarse, ahora no. El fundamentalismo económico no es bueno. Ya Milton Friedman reconocía una imposibilidad manifiesta en el abuso del monetarismo, así como Keynes ponía un techo a la efectividad de la política fiscal expansiva. Es probable, que luego de tantos años de estudio, nos hayamos olvidado de estudiar el sentido común.

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